El correo electrónico se cita cada vez más en los tribunales españoles. Su uso abusivo o ilegal enfrenta a los trabajadores y a las empresas que utilizan herramientas informáticas para probar el comportamiento desleal de sus empleados. Los cónyuges también comienzan a presentar mails impresos en causas de divorcio. En todos los casos el límite entre la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y la legalidad es muy fino y algunos jueces desestiman esta prueba.
Cybex, empresa que investiga el fraude empresarial y económico en los entornos virtuales, logró probar gracias a la herramienta EnCase , que se instala en los ordenadores y que no lee toda la información sino que realiza “búsquedas ciegas” de determinadas palabras clave, la competencia desleal de un grupo de trabajadores a su empresa.
Éstos utilizaban dos ordenadores de su empresa para intercambiar, a través del correo electrónico, información. Con esa información crearon sociedades paralelas. La sentencia recoge que un alto cargo de dicha sociedad reveló datos confidenciales ayudado por otros empleados y todos aprovecharon el prestigio y los recursos de la sociedad demandante desviando su fondo de comercio hacia nuevas empresas constituidas a la sombra de la primera. Una de las demandadas creó una sociedad 24 horas después de irse de su empresa y obtuvo hasta 1 millón de euros en su primer año de vida.
Aunque los hechos parecen claros la empresa no consiguió en el primer juicio que fuera admitida la prueba electrónica aportada. El juez de primera instancia señaló que se vulneraba el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad de los demandados. Abrir sus correos electrónicos infringía sus derechos.
La empresa recurrió y, en segunda instancia, el fallo señaló que la prueba era constitucional porque “la búsqueda ciega” discrimina los ficheros personales de los empleados y el rastreo sólo recoge los correos comerciales o empresariales.
La dificultad de aceptar o no las pruebas electrónicas es uno de los grandes problemas de los órganos judiciales españoles pues no existe ninguna normativa que regule este tipo de pruebas. En el IV Seminario de Pruebas Electrónicas organizado en Madrid por Cybex, varios expertos y juristas – Antonio Garrigues, presidente del Foro de Evidencias Electrónicas, Javier Ribas de Landwell, Francisco Conde de Cuatrecasas, el profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans, el magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo Eduardo de Urbano y José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, - han opinado sobre la prueba electrónica como herramienta procesal.
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